Reproducimos la siguiente entrevista a Julián Ruiz-Bravo, portavoz adjunto de la asociación de profesores PLIS, publicada originalmente en OK Diario
PREGUNTA:-¿Qué opinión le merece la decisión de la Abogacía del Govern de Prohens de rechazar el derecho de unos padres a que sus hijos reciban al menos el 25% de la enseñanza en español?
RESPUESTA.- Merece nuestra indignación. No entendemos que la Abogacía del Govern de Prohens rechace la petición de unos padres de ejercer sus derechos lingüísticos aplicando la jurisprudencia de recibir al menos el 25% en castellano y que utilice los mismos argumentos que el anterior Govern de Armengol. La decisión de la Abogacía nos indica por dónde quiere ir este Gobierno que no quiere tocar la inmersión en catalán.
P.- ¿Cuáles son los argumentos del Govern para rechazar la petición de estas cuatro familias?
R.- En primer lugar, dice que la jurisprudencia no se puede aplicar a Baleares porque los casos en los que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fallado a favor del 25% se producen en el sistema educativo catalán. El Govern de Prohens dice lo mismo que decía el de Armengol, que el sistema lingüístico de Cataluña en educación es distinto al de Baleares, que el sistema de Cataluña es de inmersión y el de Baleares es de conjunción. Y esto no es verdad.
P.- ¿Es un sistema de inmersión lingüística?
R.- El sistema educativo de Cataluña, el legal, es de conjunción. La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña dice claramente que el sistema lingüístico catalán es bilingüe, que no puede aceptarse que todas las clases se den en un solo idioma, que siempre tienen que estar presentes los dos idiomas. Tanto el castellano como el catalán tienen que estar presentes en la educación en los colegios de Cataluña. Eso es un sistema de conjunción lingüística. Eso no es un sistema de inmersión.
P.-Pero en Cataluña se aplica la inmersión lingüística en catalán.
R.-Ocurre que los centros educativos aprueban proyectos de inmersión y por eso las sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son favorables a los padres que reclaman la presencia del castellano. Los proyectos lingüísticos de inmersión no están de acuerdo con el sistema lingüístico catalán de conjunción.
P.- ¿Y en Baleares?
R.- En Baleares ocurre lo mismo. El sistema lingüístico de Baleares es de conjunción, pero los proyectos lingüísticos de la mayor parte de los centros escolares públicos son de inmersión. Por lo tanto, pedimos que se aplique la conjunción. Ese es el primer argumento.
P.- ¿Y el segundo argumento?
R.- El segundo es que consideran que la solicitud de los padres corresponde a un derecho de petición y no a un derecho de satisfacción de los derechos individuales. El derecho de petición consiste, vulgarmente explicado, en la petición de cambio de una norma, de una ley, de un decreto, de una resolución, de una orden. Y la satisfacción de un derecho individual consiste en que la autoridad pública satisfaga un derecho individual de los padres o de los hijos de los padres. Consideran que es un derecho de petición y nosotros no hemos pedido un derecho de petición. Cuando digo nosotros me refiero a las familias. Nosotros asesoramos a las familias. Las familias piden que el Gobierno balear garantice un derecho a recibir la enseñanza también en castellano. No pedimos la modificación de la normativa balear. De hecho, las respuestas que da la Comunidad Autónoma por medio de la Abogacía es que los padres quieren modificar el proyecto lingüístico. No es verdad. El objetivo principal es que se satisfaga su derecho. Si posteriormente es necesario modificar el proyecto lingüístico, que se modifique.
P.-Hablamos del derecho a recibir al menos el 25% de las clases en español.
R.- Es indudable la existencia de este derecho y por esto las familias acuden al Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Esperamos que se reconozca este derecho. En Cataluña se ha conseguido. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a la Generalitat cambiar todos los proyectos lingüísticos y a introducir el 25% como mínimo en castellano y en una asignatura troncal.
P.- El derecho del mínimo del 25% se basa en la jurisprudencia…
R.- Así es. El Tribunal Supremo marcó el 25% en dos sentencias. Cuando hay dos sentencias sobre un mismo caso se sienta jurisprudencia. Entonces, no tienen por qué los padres recurrir a la Justicia. La misma Administración tendría que evitar ese suplicio a los padres.
P.- Entiendo que las dos sentencias del Supremo son de aplicación en toda España.
R.- No hay jurisprudencia sólo para una comunidad autónoma. La jurisprudencia es estatal.
P.- El escrito de la Abogacía responde a un contencioso presentado por cuatro familias de un colegio público de Calvià durante la pasada legislatura.
R.- Sí, durante el curso pasado. Los padres hicieron la petición al colegio y a la Conselleria de Educación del Govern de Armengol y ante la negativa a conseguir el 25% en español acudieron a la Justicia. En cambio, la contestación a la demanda la ha hecho ya el Gobierno de Prohens.
P.- Se entiende que la abogada de la comunidad autónoma ha actuado siguiendo las directrices de la presidenta Prohens o del conseller de Educación.
R.-Ya no lo sé. No se lo puedo decir. Lo cierto es que la abogada representa a la comunidad autónoma. Firma la letrada de la comunidad autónoma de Baleares. Entonces, claro, una letrada tiene que ser respetuosa con la ley, con las normas. No le puede decir un gobernante que diga lo que no pueda decir, pero es que sostenemos que la jurisprudencia se tiene que aplicar y que bajo el mandato Prohens se sigue diciendo que los padres hacen un derecho de petición en vez de satisfacción de derechos individuales. Esto clama al cielo. Esto es una manipulación muy, muy grave.
P.- ¿Le ha sorprendido la decisión de la Abogacía de la comunidad autónoma?
R.- Me lo esperaba. Sí, porque ya hay varios indicadores de que no quiere tocar la inmersión.
P.- Algunos ejemplos…
R.- El Govern balear aprueba un plan piloto de libre elección de lengua, sabiendo que no tiene ningún futuro, dando a los centros la posibilidad de adherirse o no, en vez de buscar la forma legal de que sean los padres los que elijan adherirse al plan piloto. Cuando en octubre del año pasado nosotros y Sociedad Civil Balear tuvimos una reunión con el conseller de Educación, ya le pedimos expresamente que satisfaga los derechos de estos padres. La respuesta del conseller fue que «bueno, ya veremos». No vimos voluntad política de hacer lo posible para instaurar el 25%, sino que se agarraba a los análisis jurídicos. Si tú tienes voluntad política, cambias la normativa correspondiente y ya está. Se puede introducir un artículo en el Decreto de Mínimos que diga que tanto el catalán como el castellano deben tener una presencia mínima del 25%. Eso es bien fácil, es voluntad política.
P.- Ahora hemos conocido este caso de los de las cuatro familias. ¿Cuántas demandas se han presentado?
R.- En el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ahora mismo hay siete y tres en fase de demanda. En algunas de estas participan varias familias. En total deben ser unas catorce familias.
P.- Los padres, antes de acudir a la Justicia presentan la reclamación al director del instituto y luego a la Conselleria de Educación y en caso de no obtener respuesta positiva, ponen el contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. ¿En las distintas fases de tramitación, cuántas demandas se han presentado?
R.- Unas 200. Lo que ocurre es que la mayoría de familias, cuando deben llegar a la fase judicial, desisten. Tener que pleitear es complicado y cuesta dinero en contratación de abogados y procuradores. El Govern sabe que de mil demandas, sólo una o dos llegarán a la Justicia. Esto es jugar con la potencia de una Administración que tiene los mejores abogados y tiene todo el dinero de los contribuyentes y los ciudadanos, que son los que pagan los impuestos.
P.- ¿Qué le pide al Govern de Prohens?
R.- Pues le pido que si realmente cree en lo que dicen y en lo que dijeron en la campaña electoral de que iban a defender una enseñanza bilingüe, que empiecen ya. No puede ser que introduzcan el castellano de forma virtual como es el plan piloto. Que empiecen satisfaciendo a los padres que piden el 25% como mínimo en castellano. Eso ya y a partir de ahí llegar al 50% en algún momento. https://okdiario.com/baleares/julian-ruiz-bravo-govern-prohens-no-quiere-tocar-inmersion-linguistica-catalan-12817023
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