Miércoles 8 de noviembre: CATALANES POR LA LEY Y EL SENY se concentra ante la Delegación del Gobierno, por 21ª semana consecutiva

Aunque el Gobierno de la Nación, teóricamente, ya está aplicando el artículo 155, Catalanes por la Ley y el Seny piensan continuar con su concentración semanal, cada miércoles a las 19′ 30 h. A continuación ofrecemos, en exclusiva para nuestros seguidores y amigos, el texto actualizado del manifiesto que se leerá públicamente mañana.

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Hoy, 8 de noviembre de 2017,  un grupo de ciudadanos bajo el lema de Catalanes por la Ley y el Seny, nos hemos concentrado aquí, frente a la Delegación de Gobierno, por vigésimo primera vez consecutiva, soslayando nuestras legítimas diferencias de credo e intereses  particulares, así  como  nuestras preferencias  ideológicas,  para reafirmar el imperio de  la  ley,  la  misma  que  garantiza  a todos  los  españoles nuestro desarrollo  en libertad  e igualdad  en cualquier  parte del territorio  nacional.

El 10 de octubre de 2017 y con la declaración de independencia, promulgada por un presidente de la Generalidad que no ha sido elegido por los ciudadanos, se consumó un golpe de estado que pretendía aniquilar nuestro Estado de Derecho, pisoteando el régimen de libertades de todos los españoles.

Esta fractura del orden constitucional se consumó porque los representantes de una oligarquía supremacista, han abusado de las libertades otorgadas por la ley y nuestra Carta Magna para confundir a los ciudadanos de Cataluña y traicionar a la sociedad entera.

Una minoría de sediciosos, apoyada por una mayoría circunstancial en la Cámara autonómica, pero no en el conjunto de la sociedad catalana, se ha arrogado el derecho a disponer de una parte de nuestra patria común e indivisible, España, y amenaza la concordia, el desarrollo y la libertad de Cataluña y de Europa entera.

Hemos podido constatar a lo largo de estas 21 semanas cómo el Gobierno de la Nación se ha resistido a aplicar el artículo 155 de nuestra Carta Magna por una mal entendida prudencia. Pero al final, la rebeldía permanente y desafiante del gobierno regional no le ha dejado otra salida. En estos momentos, el Gobierno de la Nación, con el apoyo de los partidos constitucionalistas, está aplicando el artículo 155 para detener la rebelión, volver al orden constitucional y convocar elecciones para el 21 de diciembre.

Deseamos enviar un mensaje de apoyo para que el Gobierno de la Nación no desfallezca en el camino emprendido.  Con sediciosos no se dialoga. Con golpistas no hay mediación posible. A los delincuentes se les aplica todo el peso de la Ley.

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Para esta tarea, un Gobierno de la Nación -sea del signo político que sea- tiene detrás a toda España, incluyendo la mayoría social catalana silenciada por el separatismo, como se vio en la gran manifestación de Barcelona del pasado 8 de octubre, en la que un millón de catalanes salieron a la calle para exigir el fin del delirio sedicioso.

El camino será largo. Tal como se esbozó en el acuerdo del Consejo de ministros del pasado día 21, habrá que tomar el mando de la policía de la Generalidad; asegurar una gestión financiera adecuada suprimiendo las partidas presupuestarias para la secesión y destinando esos fondos para fines sociales; tomar medidas para que los medios de comunicación públicos -y muchos privados, subvencionados hasta ahora por el gobierno autonómico- dejen de propagar la sedición y respeten el derecho a una información veraz. Pedimos al Gobierno, además, tomar el control de los centros públicos de enseñanza, para evitar que se siga adoctrinando a los escolares en el odio a España y conseguir que dejen de ser centros de agitación en favor del golpismo. Teniendo en cuenta, no obstante, que la solución definitiva pasa exclusivamente por la recuperación de las competencias educativas por parte del Estado.

Sobre todo, hay que juzgar la totalidad de los delitos cometidos para evitar que pueda volver a repetirse en el futuro una situación que ha puesto contra las cuerdas a nuestra democracia. España, uno de los pocos países del mundo con democracia plena, está mostrando un funcionamiento impecable del sistema de división de poderes que nos rige. Gracias a ello, la juez Lamela -en una acción que se ha considerado políticamente inoportuna para las fuerzas políticas constitucionalistas, debido a la cercanía de las elecciones- ha podido encarcelar a todos los miembros del destituido gobierno autonómico, salvo a aquellos que han escapado de España para intentar eludir la acción de la justicia.

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Y aquí no hay más remedio que señalar el infame y cobarde proceder del expresidente Puigdemont. No contento con huir acompañado de una parte de sus consejeros, dejando a los demás en la estacada, intenta eludir su responsabilidad penal a cualquier precio, aunque sea arrojando infundadas denuncias sobre la calidad de la democracia española e intentando crear un gravísimo problema diplomático en el corazón de la Unión Europea. Pero España es país puntero en todos los índices de democracia a nivel mundial, mientras la Cataluña gobernada por los separatistas ha sido catalogada -por la misma Unión Europea a la que dice apelar el expresidente prófugo- como una de las regiones más corruptas de toda Europa. Por lo cual, este desesperado intento del ciudadano Puigdemont está condenado al fracaso. Pues, aunque pueda contar aún con masas fanatizadas e interesados beneficiaros de una endémica corrupción, como dijo Abraham Lincoln, no se puede engañar a todos todo el tiempo.

Si el Gobierno de la Nación finalmente optara en mala hora por una política de apaciguamiento, impunidad y concesiones al separatismo -escuchando los cantos de sirena de la llamada Tercera Vía- se estaría preparando una futura crisis que podría llevarnos a una guerra civil. En este sentido, creemos que la democracia española tiene que ser militante. Y nuestras leyes, tal vez la misma Constitución, tendrán que introducir contenidos para hacer inatacable la integridad territorial de España y evitar que funestas ideologías que desean destruirla puedan progresar en su abominable objetivo. Así, en línea con otros países europeos, habrá que suprimir cualquier programa electoral que promueva la secesión.

Y ahora, gritad conmigo

                                                ¡¡Viva la Constitución!!

                                                  ¡¡Viva la Libertad!!

                                                      ¡¡VIVA ESPAÑA!!

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